El uso de celulares para personas alojadas en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires volvió a ser tema de agenda de la oposición tras el pedido de informe que realizó la diputada provincial de Juntos por la UCR, Nazarena Mesías. A través de esa solicitud, la legisladora busca que el gobierno bonaerense explique sobre el protocolo que permitió —producto de la pandemia y la suspensión de las visitas a internos— el uso de teléfonos móviles por parte de internos de las cárceles del territorio.
El tema había escalado meses atrás cuando los diputados del PRO, Matías Ranzini, Alex Campbell, Juan Carrara y Johanna Panebianco presentaron un proyecto de ley para que el gobernador Axel Kicillof derogue el protocolo de uso de celulares en cárceles locales “en pos de velar por la seguridad de los bonaerenses”. Fue allí cuando desde el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) remarcaron a través de un comunicado que “la disposición fue llevada adelante en el ámbito penitenciario luego de una decisión del máximo tribunal penal de la Provincia que así lo dispuso”. También que “desde la regulación del uso de los celulares no solo se ha logrado disminuir la cantidad de delitos cometidos desde las unidades penales a través de dispositivos móviles, sino que la implementación del protocolo posibilitó el rápido esclarecimiento de ese tipo de ilícitos y la pronta imposición de la sanción correspondiente”.
Ahora, la diputada Mesías pide tener detalles sobre la instancia en la que se encuentra la aplicación de dicho protocolo que permite el uso de teléfonos móviles para internos. Según remarcó el SPB, los dispositivos tienen restringido el uso de redes sociales, a excepción de WhatsApp.
La legisladora busca saber “si al día de la fecha, pese a haber finalizado hace prácticamente un año las medidas dispuestas por el DNU 297/20 y sus prórrogas, continúa en vigencia el beneficio otorgado por dicho protocolo”; es decir si los internos siguen utilizando celulares.
También, saber cuántos celulares registrados hay para ser usados por internos en unidades penitenciarias y alcaldías. Además, cuántos fueron denunciados por ser vinculados a estafas o delitos informáticos desde el interior de los establecimientos “durante el período 2020, 2021, 2022″.
Finalmente, la diputada apunta conocer cuáles son las medidas de seguridad para la requisa de visita “con el fin de detectar el ingreso ilegal o clandestino de dispositivos móviles o tarjetas SIM”. Y, a su vez, saber con qué medios tecnológicos cuenta el SPB a la hora de las requisas de rutina.
En los fundamento de su texto, Mesías advierte que en numerosas ocasiones los delitos “son perpetrados desde el interior de las unidades penitenciarias, mediante la utilización de dispositivos móviles”. Señala, además, que se “aprecia a ‘prima-facie’ un uso abusivo de los beneficios otorgados”.
“Estamos entrando en el último cuatrimestre del año y todavía no sabemos cuál es el plan en materia de seguridad. Lo mínimo que pedimos a través del pedido de informe es que nos contesten si tienen un control o no”, dijo la legisladora autora de la iniciativa.
Desde el bloque de Juntos explicaron que el proyecto de Mesías “complementa” lo que ya habían solicitado los diputados del PRO: se trató de un proyecto que le pedía a Kicillof derogar el protocolo de uso de celulares en unidades penitenciarias dispuesto por la Justicia. Con anterioridad, Mesías había presentado otros proyectos para saber la cantidad exacta de móviles en funcionamiento de la Policía Bonaerense o la iniciativa para crear la “Unidad de Coordinación de Seguridad del Conurbano”. La diputada es de Lanús.
La exposición que tuvo el tema del uso de celulares por parte de internos, durante el mes de julio de este año, obligó al Servicio Penitenciario a responder implícitamente al posicionamiento de los legisladores del PRO. “La puesta en funcionamiento de esta medida, en marzo de 2020, se llevó a cabo a través de un estricto protocolo que establece pautas rigurosas de uso. Este instrumento fue validado por autoridades judiciales y se basa en antecedentes internacionales en la materia”, sostuvieron desde la dependencia a cargo de la política carcelaria de la provincia de Buenos Aires.
Hubo algunos casos resonantes en el último tiempo. En junio de este año las autoridades desbarataron una banda dedicada a la compra de autos robados y su posterior reinserción en el mercado negro con patentes mellizas: una organización que operaba entre Buenos Aires y Santa Fe. En el transcurso de la investigación se descubrió que el líder de la banda operaba desde el penal de General Alvear, en el interior del territorio bonaerense.
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