Supermercados advirtieron que el control de Camioneros puede provocar la deserción de algunas cadenas al programa Precios Justos.

El titular de la federación que nuclea a estos comercios, Víctor Palpacelli, adelantó que quienes se sumaron evalúan bajarse y los que todavía no participan optarían por no adherir como consecuencia del control paraestatal que promueve el gobierno nacional y ejecuta el gremio de Moyano.

Los supermercados afirmaron que la participación del sindicato de camioneros y de organizaciones sociales en el control del programa Precios Justos desalienta la participación de ese eslabón de la cadena y conspira entonces contra el éxito del plan oficial.

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados, Víctor Palpacelli, indicó en diálogo con CNN radio que “con respecto a lo sucedido respecto a los controles de la Secretaria de comercio y de algunas organizaciones, desde nuestro sector lo vemos al tema con determinada preocupación por el simple hecho de que estas situaciones lo que hacen es alejar las posibilidades de que diferentes cadenas regionales se sumen al programa y, por el contrario, quienes ya se hayan sumado busquen realmente bajarse”.

La decisión de la Secretaría de Comercio “desalientan nuestra participación con este tipo de situaciones a las que se nos expone y lo que realmente se necesita desde un primer momento es otra cosa, porque queremos acompañar y lo hemos manifestado, como lo hemos hecho en todos los programas”.

“Pero lo que se necesita es la seguridad de la provisión de la mercadería por parte de la industria y lejos está de nuestra intención intentar acaparar y no vender porque va en contra de lo que realmente necesitamos, que es recuperar unidades vendidas que venimos reclamando porque las venimos perdiendo; y cada vez se hace más difícil cubrir nuestros costos y equilibrar nuestros cuadros de resultados”, expresó Palpacelli.

“Estamos en una situación en la que somos el último actor de la cadena de comercialización antes del consumidor y lo que necesitamos es vender, y recuperar esas unidades”, indicó.

“Las cadenas regionales garantizan que haya participación federal en estos programas en todo el país. Lo que se debería hacer es incentivar la participación y con estas medidas lo que se hace es desalentar que diferentes cadenas se sumen al programa”, advirtió.

“Es muy importante mantener el consenso y las mesas de diálogo abiertas entre todos los actores, el Gobierno, el comercio y la industria, para encontrar soluciones en un momento en el que nuestra Argentina necesita encontrar el sano equilibrio para poder superar estos trances de alta inflación”, indicó.

“Por eso siempre insto en esto porque no debemos perder ese norte en la búsqueda de ese consenso permanente y poder controlar a través de las medidas macroeconómicas la contención del proceso inflacionario”, concluyó el supermercadista.

Los argumentos oficiales

Desde la Secretaría al mando de Matías Tombolini aclararon que los militantes “de ninguna manera son una autoridad de aplicación” porque “el rol del Estado no se puede delegar”. La principal tarea consiste en colaborar denunciando ante Defensa del Consumidor, mediante la aplicación. “Es un intercambio de información”, explican. Asimismo, manifestaron que hubo reuniones entre el Secretario del área y Barrios de Pie para hacer capacitaciones barriales, pero “por diferentes motivos no se concretaron”.

El acuerdo firmado de Precios Justos es hasta fines de febrero, pero ya se negocia extenderlo por unos meses más e incluso hasta fin de año. Incluye a más de 10 sectores (no solo el alimenticio, sino también el textil, el calzado, higiene y limpieza), 358 empresas, 12 cámaras y la intervención de sindicatos.

Como novedad también señalan que “en los próximos días habrá más convenios con municipios para que pongan sus inspectores a controlar”. Citan como ejemplo que, con ayuda de intendentes, ya realizaron un relevamiento en una importante cadena de supermercados que incluyó 374 sucursales de todo el país.

Además, remarcaron que la presencia de integrantes del gremio de Camioneros, cuyo titular es Pablo Moyano, se debe a la falta de algunos alimentos en las góndolas o a la insuficiente provisión de ciertas mercaderías. “Fuimos a los centros de distribución de las grandes cadenas porque la primera información surge de la góndola donde se ve falta de productos o entregas parciales”, afirmaron en las cercanías de Tombolini.

“Van los inspectores de la Secretaría de Comercio a los centros de distribución, nuestros muchachos los atienden, les muestran los productos y ellos son los que controlan. Los que multan si hay desabastecimiento son los inspectores no los camioneros. Nosotros ayudamos a que ellos certifiquen que la mercadería llegue en su totalidad a las góndolas de los supermercados”, sostuvo Moyano esta mañana en declaraciones radiales.

Desde varios sectores de la oposición surgieron inmediatamente fuertes críticas hacia el Gobierno por la participación de los gremialistas en esta fiscalización. El ministro de Economía, Sergio Massa, habló este domingo sobre la polémica que se generó después de que el gremio de Camioneros informara que asumió tareas de control del programa Precios Justos. Si bien aclaró que el sindicato “no controla, sino que abastece el proceso de información”, afirmó que la reducción de la inflación es “un objetivo patriótico” en el que tendrían que estar, además de gobierno, gremios y empresarios, también la oposición.

Mientras tanto, en el Movimiento Evita, liderado por Fernando “Chino” Navarro y por Emilio Pérsico, sostienen que fueron invitados a participar de los controles y que los están haciendo “pero sin pecheras ni tanta difusión en los medios” porque entienden que hacen falta más herramientas para combatir la inflación. Entre esos mecanismos citan la necesidad de darles “más poder a las cooperativas, que no haya tanta concentración de la producción, que los acuerdos lleguen a los comercios de cercanía y dinamizar la economía popular”.

 

 

 

0 Comentarios